Asentamientos precarios: los derechos humanos viven aquí
Por Amnistia Internacional, 05/10/09
En el mundo existen cerca de 200.000 comunidades que pueden definirse como asentamientos precarios. Con distintos nombres –favelas, villas miseria, barrios populares...–, son el hogar de más de 1.000 millones de personas; una cifra que podría llegar a multiplicarse por dos en 2030, según algunas previsiones.
Como cualquier vecindario urbano, los asentamientos precarios son lugares donde la gente vive, trabaja, come, duerme y cría a sus hijos e hijas. Pero sus habitantes viven atrapados en la pobreza y soportan constantes violaciones de derechos humanos. Se les niegan servicios básicos como el agua potable, saneamiento, salud y educación. Se les trata como a criminales y se enfrentan a la violencia constante por parte de la policía y las bandas de delincuentes. Se les deniega el acceso a la justicia y sus voces son ignoradas.
Las mujeres están sobreexpuestas a los abusos en estos barrios. Son discriminadas en el derecho a la propiedad. Sufren abusos verbales, físicos y sexuales. Donde no hay servicios sanitarios, tienen que buscar zonas alejadas o esperar a que llegue la noche para tener intimidad en su higiene personal, aumentando el riesgo de agresiones o acoso sexual.
Muchos asentamientos son considerados “ilegales” o “informales”. Hasta el 50 por ciento de los residentes en áreas urbanas de países en desarrollo carecen de documentos legales que garanticen la seguridad de tenencia. Esto restringe su acceso a los créditos, al empleo formal y a la seguridad social. Incluso se les niega el derecho al voto.
Numerosas barriadas son demolidas para el desarrollo urbano, el embellecimiento de las ciudades, o la preparación de eventos internacionales. Los efectos de los desalojos forzados, que con frecuencia se producen sin aviso previo y con uso de fuerza excesiva, son catastróficos. Las víctimas son siempre las personas que sufren la pobreza. Pierden sus pertenencias, sus redes sociales y el acceso al trabajo y a la educación. Pueden quedar sin hogar y condenadas a vivir aún en peores condiciones.
Los gobiernos deben poner fin a los desalojos forzados y acabar con el grave abandono y la omnipresente violencia en los asentamientos precarios, asegurando el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y a la participación en la sociedad de quienes viven en ellos.
La vivienda es un derecho humano.
Más información en la página web: www.es.amnesty.org/exigedignidad/asentamientos-precarios/
 Imprimir
|